La delgada línea que separa a Donetsk de Kosovo

Ucrania está ad portas de una guerra civil. Desde que la península de Crimea declarara su independencia y posterior anexión a Rusia el pasado mes de marzo, en otras ciudades al Este del país, donde la población es de origen mayoritariamente ruso, se han intensificado las protestas de quienes abogan por una mayor independencia de Kiev, bien bajo un sistema federal o siguiendo los pasos de Crimea, es decir, incorporándose a Rusia. Estos sucesos dejan en evidencia una campaña de desestabilización auspiciada desde Moscú, y son también el reflejo de que no existe una sola Ucrania bajo la perspetiva étnica.

El día de hoy, el presidente en funciones, Oleksandr Turchynov, anunció el inicio de unaoperación antiterrorista en contra de los separatistas pro rusos. Esta ofensiva militar busca restaurar la autoridad en lugares como Donetsk, en donde el pasado 7 de abril un conjunto de activistas pro rusos ocupó, mediante el uso de las armas, edificios gubernamentales proclamando la República Popular de Donetsk. Sin embargo, es probable que ya sea demasiado tarde para que el gobierno ucraniano evite que se le propine un nuevo golpe a la integridad territorial de su país, al menos no sin que una confrontación civil tenga lugar. El problema es que, precisamente, cualquier confrontación entre el gobierno y la población civil de origen ruso allanaría el camino para que la etnia rusa se aferre a sus pretensiones separatistas bajo el pretexto del derecho a la libre determinación de los pueblos.

En una entrada reciente a este blog, decíamos que el derecho internacional no reconoce un derecho a la secesión per se, pero que a la vez tampoco prohíbe las declaraciones unilaterales de independencia. La secesión es, por tanto, una cuestión de hecho, o mejor de efectividad, más que de derecho. Así mismo, respecto al derecho a la libre determinación de los pueblos, decíamos que este debe ser ejercido internamente en armonía con el principio de integridad territorial. Solo si esto último no fuera posible, podría aceptarse, por vía de excepción, una secesión unilateral a manera de último recurso, como atribución especial del grupo de personas a quienes se les niega el derecho de auto determinarse en el país que habitan.

En una famosa decisión concerniente a la independencia de Quebec, la Corte Suprema del Canadá analizó el tema de la secesión y su relación con la autodeterminación. Del razonamiento de esta Corte es posible concluir que el derecho internacional guarda deferencia por el principio de la integridad territorial. Por lo tanto, la secesión solo opera a título de excepción, en circunstancias como el dominio colonial o el sometimiento de un pueblo a una fuerza extranjera, o en situaciones en que un Estado impide que un pueblo o grupo étnico, sujeto a su soberanía, ejerza su derecho a la autodeterminación, en especial si para ello se utiliza la fuerza o la segregación.

El problema, en la práctica, radica en la dificultad de identificar las circunstancias en que un pueblo carece de alternativas a la secesión unilateral. En el caso de Kosovo, por ejemplo, parte de la comunidad internacional decidió apoyar la declaración unilateral de independencia de los albanokosovares, a pesar que Serbia se oponía de la misma forma en que hoy lo hace Ucrania. Quienes simpatizan con la causa independentista de Kosovo, aducen que más que una cuestión de legalidad, su independencia obedeció a un asunto de legitimidad. En efecto, hubiese sido moralmente inaceptable que los Albanokosovares continuaran bajo la soberanía del Estado serbio porque, una década atrás, las autoridades de ese país realizaron actos de limpieza étnica en su contra. Es por esto que, al hacer público su apoyo a la independencia de Kosovo, el gobierno de los Estados Unidos manifestó que se trataba de uncaso especialque no representaba un precedente de cara al futuro.

Actualmente el Presidente Putin defiende la legalidad de la independencia de Crimea, comparándola con la declaración unilateral de independencia de Kosovo, esto es, atribuyéndole el carácter de ejercicio legítimo del derecho a la autodeterminación. Por su parte, quienes aducen que la actual situación en Ucrania no es comparable con la de Kosovo, resaltan, entre otras diferencias, que el pueblo Albanokosovar fue víctima de un genocidio, factor que le atribuye a su causa separatista una apariencia de legitimidad de la que carecerían los activistas pro rusos.

En suma, el gobierno ucraniano debe conducir su contraofensiva de manera cautelosa. En particular, debe evitar que se engendre una confrontación armada con matices de disputa étnica. De lo contrario, es posible que la población de origen ruso alegue la existencia de una situación similar a la que en su momento experimentaron los albanokosovares y, de esta forma, su causa adquiera legitimidad al configurarse las condiciones para una secesión como último remedio. Por otro lado, si el gobierno ucraniano no actúa con celeridad, también es probable que las protestas pro rusas lleguen a un punto de no retorno que conduzca al desmembramiento del país. Por todo lo anterior, lo único cierto es que no se avizoran tiempos fáciles para Kiev.

© Rafael Tamayo, 2014.

El reconocimiento de nuevos gobiernos: El caso de Ucrania

Aparte de las consideraciones estrictamente políticas, ciertos episodios de la actual crisis en Ucrania ameritan ser analizados bajo la perspectiva del derecho internacional. Uno de estos es la decisión tomada por el Parlamento de Ucrania de deponer al presidente Yanukovich, lo que genera inquietudes acerca de la legitimidad del ahora gobierno interino como vocero actual del Estado ucraniano. Igual a como ocurre cuando emerge un nuevo Estado, el reconocimiento dado por la comunidad internacional a un nuevo gobierno es una cuestión declarativa más no constitutiva. Es decir que, bajo el derecho internacional, no existe la obligación de darle reconocimiento al nuevo régimen.

De hecho, la legalidad del cambio de un gobierno por otro suele ser un asunto de derecho interno. De esta forma, cuando la transición se da con apego a la Constitución del país (lo que no siempre es fácil de determinar, como lo demuestran los hechos ocurridos en Paraguay en el 2012) lo normal es que la comunidad internacional reconozca al nuevo gobierno como legítimo, estableciendo relaciones diplomáticas con él y reconociendo su capacidad para representar al Estado y obligarlo internacionalmente. Por el contrario, cuando el cambio de gobierno obedece a una situación de ruptura institucional (que puede venir acompañada de la violación de normas imperativas del derecho internacional, como el respeto por los derechos humanos), lo más probable es que la comunidad internacional repudie el acto y se niegue a entablar relaciones con el nuevo gobierno de facto (como resulta de la aplicación de las llamadas Cláusulas Democráticas, tal y como sucedió en el caso de Honduras).

Sin embargo, el derecho internacional no obliga expresamente a reconocer en ningún caso la legitimidad del nuevo gobierno, y es de esto de lo que actualmente se vale el Presidente Putin para mantener su apoyo a Yanukovich y, de ese modo, alegar que la intervención rusa en Crimea no es una invasión sino la respuesta, ajustada a derecho, a la solicitud de asistencia hecha por el “legítimo” gobierno de Ucrania. En suma, como otras cuestiones del derecho internacional, el reconocimiento de los gobiernos es más una cuestión de hecho que de derecho; una cuestión de efectividad. Así, cuando un nuevo gobierno logre consolidar un control efectivo sobre el territorio de un Estado, el reconocimiento internacional le llegará tarde o temprano. Sin embargo, pareciera que el factor político es lo más preponderante, y que algunas causas generan mayor simpatía que otras. Así, mientras que el funesto régimen instaurado por los Talibanes en Afganistán nunca alcanzó reconocimiento internacional,  sí lo obtuvieron los rebeldes libios.

Tal vez una buena explicación a lo anterior sea la conclusión que arroja el trabajo de Wolfrum y Philipp, para quienes el hecho de ejercer un gobierno de facto sobre un territorio determinado no es suficiente para obtener reconocimiento internacional, porque además es necesario que el nuevo gobierno demuestre estar comprometido con principios básicos como el respeto por los derechos humanos. El nuevo gobierno interino de Ucrania parece estar comprometido con estos valores democráticos, y se asume que la deposición de Yanukovich se hizo con base en el derecho interno. Por ello cuentan con la simpatía y el apoyo del mundo Occidental. No obstante, el derecho internacional no obliga a que Rusia o sus aliados reconozcan al nuevo gobierno ucraniano como legítimo, ni a que entablen relaciones con él. Pero, del otro lado, tampoco faculta a Rusia para intervenir indebidamente en los asuntos internos de Ucrania.

© Rafael Tamayo, 2014.